MENOS GASTO PUBLICITARIO, MEJOR COMUNICACIÓN SOCIAL, POR CARLOS IRIARTE MERCADO

Tan vanguardista como indispensable, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social que presentamos los diputados del PRI mejorará la comunicación entre sociedad y gobierno, reducirá el gasto público en publicidad, y transparentará la relación entre las autoridades y los medios de comunicación. En suma, esta ley aportará armonía a nuestro sistema democrático.

En respuesta a la exigencia de no pocos ciudadanos para asegurar un manejo transparente de los recursos públicos destinados a la comunicación social oficial; considera que ésta deberá regirse bajo los principios de eficacia y eficiencia, a fin de garantizar el ahorro presupuestario; y plantea regular no sólo lo relativo a la publicidad oficial en tiempos electorales, sino toda la propaganda gubernamental; además, cumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al Congreso de la Unión a discutir y aprobar la ley reglamentaria en la materia a más tardar el 30 de abril de este año.

Derivado de lo anterior, los diputados del PRI presentamos una iniciativa que, sin engrosar a la burocracia ni duplicar funciones, asegurará más controles al gasto destinado a la comunicación social gubernamental; y garantizará una mayor equidad en las contiendas electorales.

Más controles a la propaganda oficial porque propone asegurar el respeto a los topes presupuestales determinados en los presupuestos de egresos federal y de las entidades federativas; establecer las bases que las autoridades deberán aplicar en la contratación de publicidad, la cual únicamente podrá tener el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; especificar que la fiscalización de los recursos públicos federales, en esta materia, se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, y en el ámbito local se llevará a cabo por las contralorías estatales; transparentar el uso de recursos públicos que los Entes Públicos destinan a comunicación social; y prever que la Secretaría de Gobernación informe bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los programas y campañas de comunicación.