El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Auditoría Superior de la capital un informe en el que se detalle cómo y en qué se ejerció el presupuesto asignado durante los años 2016, 2017 y 2018, y si conforme al programa operativo de los años señalados se realizó alguna modificación presupuestaria.
Además, se le pidió entregar un informe sobre la plantilla del personal que laboró y sigue laborando en los mismos años bajo el régimen de confianza, base, honorarios y eventual.
En nombre de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, diputado de MORENA, presentó el dictamen del punto de acuerdo propuesto por el legislador Eleazar Rubio Aldarán.
El punto de acuerdo, aprobado por 52 votos en favor y ninguno en contra, destaca que la autonomía de gestión, técnica y presupuestal de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, “más allá de privilegiar su independencia y libertad”, ha provocado que no exista un control sobre el ejercicio de los recursos públicos.
Esa circunstancia ha permitido que su plantilla de personal y su presupuesto haya crecido “en forma desproporcionada”, pues pasó de 592.5 millones de pesos a poco más de 745 millones de pesos entre 2016 y 2018; lo que representa un aumento de 25.7 por ciento (152.5 millones de pesos).
A pesar del aumento presupuestal, argumenta el punto de acuerdo, es “notable su baja productividad en el cumplimiento de sus atribuciones, ya que las auditorias practicadas en los últimos años se han mantenido en los mismos números, lo que hace incongruente el recurso humano y económico disponible para su operación y las metas alcanzadas, presumiendo de opacidad del manejo de dichos rubros”.
Es por ello, se elabora en el punto de acuerdo, el Congreso de la Ciudad de México debe evaluar los resultados que en los últimos años ha obtenido la Auditoría Superior de la Ciudad de México, “en virtud de ser órgano toral en el combate a la corrupción, por lo que será necesario tomar en consideración que tanto el presupuesto, como la estructura orgánica de de la institución en cuestión, obedecían a lineamientos legales, que invariablemente, deberán ser modificados”.
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