La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el organismo capaz de brindar garantías de legalidad y transparencia en el proceso de licitación para adquirir medidores de luz, al que convocó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por que sí es independiente, aseguró el diputado Vidal Llerenas Morales.
“En un caso tan delicado como este, donde prácticamente está comprobado que todos los medidores se los compra la CFE a IUSA, y que está involucrado el presidente del PRI, ex director de la Comisión y que además hizo estas compras, sí vale que la Auditoría Superior haga la auditoría”, explicó.
En la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador federal cuestionó el Dictamen sobre una propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), investiguen le legalidad del procedimiento licitatorio convocado por la CFE para la adquisición de medidores de luz, debido a que no se incluye también como auditor a la ASF.
Lo anterior, debido al presunto conflicto de interés por la relación documentada entre el actual dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, con el director general de IUSA, ya que en el tiempo que se desempeñó como titular de la paraestatal, favoreció a esa compañía al otorgar distintos contratos, y con ello generó prácticas monopólicas, denunció.
En su intervención, Llerenas Morales sostuvo que la dictaminación sobre este punto es positivo; sin embargo, reclamó que no se incluya a la ASF cuando con anterioridad se propuso en otro Punto de Acuerdo presentado por la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Rocío Nahle García, ya que, aseguró, este órgano entregaría auditorías idóneas en materia de transparencia.
“La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación pueden investigar la legalidad del proceso licitatorio y violaciones a la ley de adquisiciones y arrendamiento, y después pedir a la Comisión Federal de Competencia que inicie un procedimiento de investigación por prácticas monopólicas”, concluyó.
El Dictamen fue aprobado en sus términos y remitido a votación ante el Pleno de la Comisión Permanente.
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