Diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México recibieron, en mesa de trabajo, a la titular del Tribunal de Justicia Administrativa local, Yasmín Esquivel Mossa, quien explicó su proyecto de presupuesto para el año 2019, el cual asciende a un monto de 530 millones 685 mil pesos.
En la reunión de trabajo, la diputada del PVEM, Teresa Ramos Arreola indicó que las resoluciones que emita el Tribunal en materia de responsabilidades administrativas deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso; consecuentemente su administración debe ser eficiente para lograr la eficiencia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas.
Después, el diputado del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez señaló que el acceso efectivo a la justicia por parte de la ciudadanía es un principio que todo Tribunal debe garantizar, por tal motivo es necesario que cuente con la liquidez suficiente que no ponga en riesgo el acceso a la justicia. Por tal motivo su fracción parlamentaria considera oportuno el plan de presupuesto planteado.
La diputada Leonor Gómez Otegui, del PT, aseguró que la justicia administrativa en la Ciudad de México quizá sea una de las materias que menor atención recibe, pero que mayores retos y desafíos tiene de cara a la instrumentación del servicio local anticorrupción. “El Tribunal de Justicia Administrativa no sólo tiene que atender las nuevas disposiciones establecidas en la Constitución general y local, sino también implementar las disposiciones contenidas en la nueva Ley Orgánica y en la Ley de Justicia Administrativa vigentes del 2017”.
Más adelante, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, resaltó que “este Tribunal es fundamental, porque es aquel que va de alguna manera controlando a la autoridad y que va siendo garante de que las autoridades, sobre todo las autoridades administrativas de la Ciudad de México, se apeguen al marco legal correspondiente”.
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