El día de ayer se confirmó en medios que la Presidencia de la República ha interpuesto Controversia Constitucional por invasión de atribuciones del gobierno federal, por los llamados “impuestos ecológicos” que incluyó el Gobierno del Estado de Zacatecas en su Ley de Ingresos 2017. Tales que pretenden compensar tímidamente los graves daños ambientales y el rastro de la operación sin consideraciones sociales o ambientales de las grandes empresas mineras. Además, especie de desagravio desde el gobierno del Estado por su cancelación de la iniciativa para declarar una zona del semidesierto en el norte del estado con Área Natural Protegida, la que había sido impulsada por organizaciones ambientalistas e incluso por la Delegación de Semarnat; muy posiblemente como una manera de detener proyectos mineros que avanzan acabando con el medio ambiente.
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