La Comisión Especial contra la Trata de Personas, presidida por la diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), avaló por mayoría la opinión en positivo para elevar a rango constitucional el delito de trata de personas y quede prohibido en el territorio nacional, al igual que la esclavitud.
Se consideró procedente la aprobación de la iniciativa, presentada por los diputados César Camacho (PRI) y Sara Paola Gálico Félix Díaz (PVEM), en materia de trata de personas, para reformar el artículo primero de la Carta Magna, ya que su prohibición se inserta como un derecho humano contemplado en ese precepto.
Fernández Márquez afirmó que se adiciona el término “trata de personas”, a fin de que no solamente se sancione, sino que esté prohibida su práctica”. De acuerdo con la realidad que impera en México respecto a este ilícito, es necesario incluirlo en la Constitución Política para “enfrentar y frenar los silencios e indiferencia que existe hacia las diferentes modalidades de explotación y atender el fenómeno en su justa dimensión, así como las exigencias sociales al respecto”, porque los ciudadanos tienen derechos incontrovertibles, establece el documento.
La opinión fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que contribuya a formar el criterio para la elaboración del dictamen respectivo. La Comisión Especial consideró que esta reforma es de vital importancia para garantizar los derechos humanos que se vulneran con el delito de la trata de personas, con el propósito de que nadie sea sometido a este delito, toda vez que el Derecho internacional en la materia prohíbe, de manera contundente, la esclavitud, servidumbre y el trabajo forzoso, como formas de explotación humana.
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