Los jefes delegacionales de Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, interpusieron un alegato jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las respuestas que emitió el Gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa en el proceso de la controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos 2017.
Luego de ingresar por separado los documentos con los argumentos jurídicos, explicaron que en respuesta a dicha controversia, en el gobierno de la ciudad se limitaron a contestar que lo único que hicieron fue publicar el presupuesto de egresos 2017, mientras que la ALDF afirmó que a pesar del fallo de la SCJN, éste no tendrá efecto práctico ni cambio en la distribución de los recursos.
“Nosotros respondemos que están violando la Constitución, porque como manifestamos en la primera ocasión, sí tienen la atribución de destinar el presupuesto, pero debe ser con base en una serie de criterios de equidad, proporcionalidad, justicia y honradez, cosas que no se están cumpliendo”, afirmó Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan.
Junto con Xóchitl Gálvez, de Miguel Hidalgo; Rigoberto Salgado, de Tláhuac y Avelino Méndez, de Xochimilco, Sheinbaum Pardo abundó que están pidiendo que la asignación de los recursos sea equitativa y no de manera discrecional como se hizo para el presupuesto de este año. Además, solicitaron que se compensen las afectaciones ocasionadas por la repartición desigual de estos recursos.
“La ciudad tuvo un excedente de 11 mil millones, nos damos cuenta que se podría asignar más recursos a las delegaciones, ahorita que tenemos el problema de la delincuencia como poner más alumbrado, más cámaras en las calles, botones de pánico y muchas otras demandas ciudadanas que podrían atenderse con mayor presupuesto”, comentó Xóchitl Gálvez.
Respecto a la repartición inequitativa, Gálvez Ruiz recordó que 51 por ciento del presupuesto fue asignado a las delegaciones del PRD, en tanto que el 18 por ciento se asignó a las de Morena.
“En el caso de Tlalpan que tiene 650 mil habitantes le asignaron 75 millones de pesos y a Magdalena Contreras que tiene 250 mil habitantes le asignan 250 millones de pesos”, resaltó.
Al entregar los argumentos, los delegados coincidieron en que la SCJN cuenta con todas las evidencias y el sustento legal para fallar a favor de las delegaciones.
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