Para el GPPAN en la ALDF es de suma importancia promover la discusión de la pertinencia de un Código Único de la Política Social para la Ciudad de México, en el marco de la elaboración de la Constitución Política, a efecto de una solución técnica para fijar el derecho social que se encuentra disperso en los ordenamientos normativos.
De esta forma lo planteó la legisladora Lourdes Valdez Cuevas, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Política y Programas Sociales en la ALDF, al mencionar que su bancada respalda blindaje a estas políticas de cara a la elección del Constituyente, pero “estas acciones podrían no ser suficientes para que la entrega de recursos públicos se realice con fines políticos o proselitistas”.
“Reconocemos la capacidad y voluntad del titular de la Secretaría de Desarrollo Social local, pero deben implementarse medidas más profundas y efectivas para ejercer el gasto público de manera transparente y con impacto”, sentenció Valdez Cuevas.
Ello implica, dijo, un espíritu de colaboración e intercambio de información entre las autoridades competentes. La diputada Valdez recordó que ha presentado un punto de acuerdo para solicitar a las dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y entidades de la Administración Pública local, informes sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de desarrollo social y los avances físicos y financieros de los programas de desarrollo social a su cargo durante el ejercicio fiscal 2015.
Agregó que más allá de los temas que impone la política social vigente, el actual momento que vive la Ciudad de México, por su reciente Reforma Política, obliga a replantear la concepción y alcance del desarrollo social de sus habitantes.
“A pesar de esta circunstancia, nuestra capital sigue manteniendo una tasa de marginación y pobreza que, si bien no está en los últimos lugares a nivel nacional, tampoco es la que presenta los menores rezagos en desarrollo social, ya que sólo la tercera parte de la población puede considerarse sin vulnerabilidad”, finalizó la presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Política y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa.
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