El Pleno de la Cámara de Senadores abrió el debate sobre el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que precisa las bases y principios generales en esta materia.
Ello, se precisa en las consideraciones del dictamen, con la finalidad de lograr una adecuada armonización y homogeneidad a nivel nacional, que garantice el cumplimiento a lo dispuesto por la reforma al artículo 6 de la Constitución Política.
La nueva Ley tiene por objeto proveer lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Establece que en la aplicación e interpretación de este ordenamiento deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Plantea que las resoluciones del Instituto garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y que únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puedan poner en peligro la seguridad nacional.
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