El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) está decidido a continuar la lucha por incrementar el salario mínimo, desde todas las trincheras posibles, en el Congreso de la Unión, con el Gobierno de la Ciudad de México, en los gobiernos y congresos locales, en las calles y con la gente.
Tras conocerse la declaratoria de constitucionalidad de la desindexación del salario mínimo, las diputadas y diputados del PRD en la ALDF demandan a las autoridades federales revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), la cual en diciembre pasado se adelantó a anunciar el incremento de 4.2 por ciento, equivalente a 2.94 pesos, para este año.
La fracción perredista en el órgano legislativo local analiza la posibilidad de recurrir a diversas instancias legales, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impulsar la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México de fijar el salario mínimo en 86.33 pesos.
La fracción perredista en el órgano legislativo local analiza la posibilidad de recurrir a diversas instancias legales, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impulsar la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México de fijar el salario mínimo en 86.33 pesos.
Lo anterior porque, como representantes populares, las y los legisladores tenemos la obligación de hacer valer la voz de la gente y efectivas las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, para garantizar a la clase trabajadora la remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
El grupo parlamentario del PRD respalda también la propuesta expresada por diversos actores, en el sentido de desaparecer a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
El Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pide la solidaridad del sector empresarial para pagar más del monto mínimo establecido a sus empleados y exhorta a las autoridades federales, los gobiernos locales y las jefaturas delegacionales a ofrecer incentivos para lograr ese objetivo.
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