En el PRI estamos a favor de la transparencia y falta poco para que en el país todos los entes que reciben recursos públicos estén obligados a ser transparentes y rendir cuentas, aseguró la diputada Dunia Ludlow Deloya.
Recordó que en mayo próximo vence el plazo para que las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa armonicen su marco normativo, a fin de que transparenten y rindan cuentas sobre los recursos recibidos.
“Creemos que las administraciones que son opacas y que no rinden cuentas terminan por costar demasiado al ciudadano, nos lastiman, aunque sean las que menos se ven”, agregó.
La legisladora subrayó que “la mejor manera para evaluar si vamos bien en el combate a la corrupción y transparencia es en la provisión de servicios públicos; un gobierno que construye buenas políticas y da buenos servicios al ciudadano no está robando y destina los recursos donde tiene que hacerlo”.
Luego de que su bancada, junto con la del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), comenzara los trabajos rumbo a su Segunda Plenaria, hoy presentaron la conferencia sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el Recinto de Donceles.
Fue impartida por el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, Javier Vargas Zempoaltécatl, quien explicó los cuatro aspectos que integran este sistema.
Mencionó que se otorgan mayores facultades tanto a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En el ámbito de sus competencias, podrán revisar las cuentas públicas desde el primer día hábil del ejercicio fiscal y auditar al 100 por ciento las participaciones federales.
Los servidores públicos están obligados constitucionalmente a presentar su declaración patrimonial y de intereses, señaló el subsecretario Javier Vargas. Aunado a ello, antes bastaban cinco años para la prescripción de actos u omisiones de responsabilidades administrativas graves, ahora serán siete.
Al término de su ponencia fue cuestionado por la diputada Dunia Ludlow sobre si la Secretaría de la Función Pública cuenta con estadísticas sobre la percepción de la corrupción en la Ciudad de México.
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